La Corte de Apelaciones de Washington D.C. ordenó a Argentina pagar más de US$390 millones al fondo de cobertura Titan Consortium en el litigio en curso relacionado con la expropiación de la aerolínea de bandera del país, Aerolíneas Argentinas, en 2008.
El Tribunal de Distrito de Columbia confirmó la fallo de un tribunal inferior al rechazar un recurso interpuesto por el Estado argentino, que solicitaba desestimar la demanda de Titan Consortium.
La administración encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, acción que desencadenó una demanda por parte del grupo Marsans.
A finales de 2001, tres empresas del grupo español Marsans asumieron el control de las aerolíneas Austral y Aerolíneas Argentinas, privatizadas en 1987 y 1990, respectivamente (Austral fue absorbida por Aerolíneas Argentinas en 2020). Marsans las adquirió a través de la empresa española Air Comet, que era propietaria de Interinvest, la sociedad holding argentina propietaria de las aerolíneas.
En 2008, Marsans presentó una demanda ante el Centro Internacional para la Solución de Controversias Relacionadas con Inversiones (ICSID), acusando al país de expropiar ilegalmente su inversión mediante la adopción de acciones ejecutivas y de legislación que confiscó su participación. Aseguraron que ello violaba el tratado entre el país y la empresa.
En julio de 2017, el ICSID falló a favor del grupo Marsans y ordenó a Argentina pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costos. Los derechos para cobrar la deuda fueron adquiridos por el fondo de cobertura Titan Consortium.
Argentina recurrió esa decisión alegando que correspondía aplicar un plazo de prescripción de tres años. Titan Consortium llevó el caso al Tribunal de Distrito de Columbia y, en 2024, el tribunal permitió que el ICSID haga cumplir a Argentina el pago pendiente por el caso de expropiación y dictaminó que el periodo aplicable era de 12 años.
A partir de ese fallo, se reconoció la sentencia del ICSID por más de US$390 millones al 10 de diciembre de 2024, a la que luego se añadirían intereses acumulados.
El país apeló esa resolución el año pasado, insistiendo en la vigencia del plazo de tres años en lugar del periodo de 12 años establecido por la corte inferior. No obstante, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia mantuvo la decisión original y confirmó que se aplica el periodo de 12 años, lo que significa que la suma final se mantiene en US$390 millones.
Según la agencia de noticias Noticias Argentinas, el gobierno argentino está analizando “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de la sentencia”.
*Con información de Ámbito
