El reciente anuncio de nuevas tarifas impuestas por Washington a más de 60 países no modifica la tasa aplicada a Argentina, que seguirá en 10%, tal como quedó establecido en la regulación original de 2025.
Aunque la tasa en sí se mantiene sin cambios, la medida podría generar problemas para los productos argentinos que se beneficiaron del acuerdo comercial suscrito entre ambos países en febrero de este año.
Según Federico Vaccarezza, Secretario del Departamento de Europa en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), «la reducción a una tarifa del 0% para ciertos productos argentinos [negociada en el marco del acuerdo] queda ahora en suspenso».
Argumentó que el acuerdo «solo es válido si Estados Unidos decide cumplirlo». Esto se debe a que Argentina «no tiene ningún mecanismo para defenderse si EE. UU. no cumple», tampoco existe un mecanismo de solución de disputas entre las dos partes.
«Si quieren revocarlo, pueden hacerlo», dijo al Herald.
Vaccarezza agregó que la decisión podría afectar también las inversiones estadounidenses que el gobierno de Javier Milei busca atraer a través de su Régimen de Incentivos a la Inversión Grande (RIGI, según su acrónimo en español).
«Si una empresa estadounidense llega a Argentina bajo Milei y el gobierno cambia, Trump podría decir: ‘Me voy a lanzar por completo contra Argentina ahora porque no me agrada el nuevo gobierno’. Para una empresa, eso genera una cantidad enorme de incertidumbre», afirmó.
Esto no es meramente un escenario hipotético. Por ejemplo, el año pasado, Trump impuso aranceles del 40% a Brasil bajo Luiz Inácio Lula da Silva, citando lo que describió como una “caza de brujas” contra el expresidente Jair Bolsonaro.
Julieta Zelicovich, analista de asuntos internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), dijo al Herald que los nuevos aranceles «actúan como un mecanismo de presión».
«Es una herramienta que utiliza el gobierno de Estados Unidos para mantener las relaciones bilaterales bajo tensión constante, mantener a los diplomáticos a la defensiva y preservar su acceso a los mercados», afirmó.
Argentina entre Estados Unidos y China
Según Vaccarezza, el objetivo principal de las tarifas es demostrar «la fortaleza de Estados Unidos ante el resto del mundo mediante una única medida y, sobre todo, castigar a China».
La política busca evitar el transbordo de mercancías que ingresan a Estados Unidos desde terceros países pero que en realidad están elaboradas con materias primas chinas, o son «simplemente productos chinos».
La exsecretaria de Comercio Exterior Marisa Bircher dijo al Herald que el arancel del 10% de Argentina refleja el hecho de que el país aún carece de un marco legal específico que prohíba o controle de forma efectiva las importaciones de bienes producidos, total o parcialmente, con trabajo forzado.
Recordó que el acuerdo recíproco firmado con Estados Unidos en febrero de 2026 incluía compromisos para prohibir las importaciones de bienes producidos con trabajo forzado.
Según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), esos compromisos “son suficientes para clasificar a Argentina entre las economías comprometidas a implementar este tipo de control”, aunque el marco legal interno aún no haya entrado en vigor.
Marcelo Elizondo, presidente del Comité argentino de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), llegó a una conclusión similar.
«Lo que Trump está diciendo es que reconoce que Argentina está haciendo esfuerzos para reducir el trabajo forzado, pero que aún hay un proceso de ajuste en marcha y, por lo tanto, ha impuesto la tarifa más baja disponible», afirmó.
Sin embargo, añadió que «si el objetivo es reducir las importaciones de China, eso será difícil de lograr».
China es la principal fuente de importaciones de Argentina y su segundo socio comercial después de Brasil. Hasta ahora, en 2026, Argentina ha importado bienes por US$7.983 mil millones desde ese país asiático.
