El Senado argentino debate este jueves por la tarde un controvertido proyecto de reforma de los derechos de propiedad privada, mientras se concentran manifestantes frente al Congreso, en medio de una intensa operación de seguridad.
El proyecto propone cambios a la legislación vigente que ampliarían los derechos y poderes de los propietarios de bienes y tierras.
La disposición más controvertida del proyecto, que hubiera eliminado las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales, fue retirada después de que el partido gobernante, La Libertad Avanza (LLA), no lograra obtener el apoyo suficiente ante la amplia condena.
Sin embargo, los senadores seguirán debatiendo cambios que afectan las protecciones de bosques nativos y tierras incendiadas por incendios forestales, así como medidas para acelerar los desalojos de inquilinos y restringir aún más las expropiaciones por parte del Estado.
La LLA ya había pospuesto un debate sobre el proyecto en junio y julio por carecer de los votos necesarios para su aprobación, un problema que parece persistir antes de la sesión del jueves.
Compras de tierras rurales
El proyecto original buscaba eliminar todas las restricciones a la compra de tierras rurales en Argentina por parte de nacionales extranjeros. La legislación vigente, conocida como la “Ley de Tierras”, limita la propiedad extranjera al 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Después de que varios bloques aliados se opusieran a la medida, la LLA enmendó la propuesta para elevar el tope al 25% en lugar de eliminarlo por completo. Aun así, el cambio no logró obtener el apoyo suficiente.
La oposición pública a la propuesta también se mantuvo firme. Músicos Emilia Mernes, Tini Stoessel, Lali Espósito, Dillom y L-Gante, junto con Lisandro Martínez, defensa de la selección masculina de Argentina, expresaron públicamente su rechazo.
Varios gobernadores con influencia sobre senadores indecisos también anunciaron su oposición esta semana, debilitando aún más las posibilidades del gobierno de sacar adelante el proyecto.
El presidente Javier Milei ya había intentado eliminar las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales argentinas mediante un decreto poco después de asumir el cargo a finales de 2023. Un juez federal más tarde declaró inconstitucional esa medida, alegando que “ponía en peligro la soberanía de Argentina”.
Qué propone ahora el proyecto
El resto de la propuesta, denominada la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, será debatido el jueves.
Una de sus disposiciones más controvertidas modificaría las normas de gestión de incendios para permitir cambios en el uso de la tierra en áreas afectadas por incendios.
El proyecto eliminaría las protecciones actuales que prohíben cambios en el uso de la tierra, subdivisión o venta de bosques nativos y plantados que han ardido, áreas protegidas y humedales durante 60 años. También derogaría la restricción de 30 años para cambiar el uso de tierras agrícolas incendiadas.
El Congreso adoptó estas protecciones en 2020 para frenar una práctica que se había vuelto generalizada: prender fuego deliberadamente a bosques y humedales para despejar terreno con fines agrícolas, ganaderos o de desarrollo inmobiliario.
Si bien la reforma conserva las protecciones para los bosques nativos, no especifica cuánto tiempo permanecerían vigentes esas salvaguardas.
El proyecto también introduce “desalojos exprés” para inquilinos que no paguen la renta. Según el sistema actual, los desalojos ordenados por la corte pueden tardar meses o incluso años. Bajo la propuesta, los inquilinos tendrían 10 días para ponerse al día con la renta vencida tras faltar a un pago, momento a partir del cual los propietarios podrían buscar su desalojo a través de un proceso judicial expedito.
La propuesta también restringiría aún más el poder del Estado para expropiar propiedad privada. Los gobiernos nacional, provincial y municipal tendrían que cumplir con estándares legales más estrictos para demostrar que una expropiación sirve al interés público, incluyendo satisfacers pruebas de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
Además, el proyecto aumentaría la compensación que el Estado debe pagar a los propietarios y evitaría que las autoridades tomen posesión de las propiedades expropiadas hasta que la indemnización, incluyendo el pago de pérdidas de ganancias, se haya hecho en su totalidad.
