Un tribunal federal ha ordenado el embargo preventivo del apartamento donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su arresto domiciliario en relación con el caso de corrupción “Vialidad” por contratos de obras públicas.
El embargo y otras medidas cautelares ordenadas por el tribunal abarcan más de 100 propiedades, entre ellas 21 pertenecientes a Kirchner y a sus hijos, el diputado nacional Máximo Kirchner y Florencia Kirchner.
La medida no implica que la expresidenta tenga que desalojar el inmueble, aunque el futuro de la propiedad no está claro.
La mayoría de las propiedades restantes pertenecen al empresario de la construcción Lázaro Báez, antiguo socio de la ex presidenta que cumple una condena de 15 años de prisión bajo una condena unificada que abarca el caso Vialidad y un caso separado de lavado de dinero.
El año pasado, Kirchner fue condenada por dirigir 51 contratos de obras públicas financiadas por el gobierno federal en la provincia de Santa Cruz a empresas propiedad de Báez, en lo que la justicia argentina determinó como un esquema fraudulento.
El apartamento
En mayo, una corte federal de casación ratificó una resolución anterior que ordenaba el embargo de 111 bienes pertenecientes a Kirchner, Báez y otros condenados en el caso Vialidad.
Los bienes tienen un valor equivalente a la suma que la justicia dice que fue obtenida mediante operaciones fraudulentas.
La cantidad a recuperar asciende a US$685 mil millones (US$450 millones al tipo de cambio oficial).
El apartamento de la calle 1111 San José, en el barrio de Constitución, una zona obrera de la Ciudad de Buenos Aires, se ha sumado ahora al grupo de bienes objeto de la acción judicial para asegurar el cumplimiento de la orden de confiscación establecida en la sentencia.
La propiedad pertenece a Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner.
Por ahora, la decisión no implica que el apartamento vaya a ser subastado, ni que haya un cambio inmediato de titularidad. Por lo tanto, Kirchner no tendría necesariamente que mudarse.
Sin embargo, sigue siendo incierto lo que ocurriría si la confiscación de la propiedad se finalizara.
Según la resolución, los embargos preventivos tienen como objetivo asegurar la indisponibilidad legal de los activos mientras avanzan las diligencias para determinar cuáles serán finalmente objeto de confiscación.
Los activos afectados
Entre las propiedades embargadas se encuentran seis apartamentos — incluido el de Constitución y otros en Puerto Madero (Ciudad de Buenos Aires) y en Santa Cruz — así como siete plazas de garaje; una unidad de almacenamiento; un hotel en El Chaltén, Santa Cruz, llamado La Aldea; y otras propiedades en Santa Cruz.
Las nuevas medidas también alcanzan los US$5 millones que Florencia Kirchner depositó en una caja fuerte del Banco Galicia.
La mayor parte de los activos embargados vinculados a Cristina Kirchner pertenecen a sus hijos, ya sea como parte de la herencia que recibieron tras la muerte de su padre, el expresidente Néstor Kirchner, o como bienes que su madre les transfirió hace una década.
No obstante, los jueces indicaron que, aunque Máximo y Florencia Kirchner no fueron condenados en el caso, se beneficiaron directamente de la relación económica fraudulenta entre Báez y la ex presidenta porque son accionistas de Hotesur SA y Los Sauces SA, las empresas bajo las cuales están registradas las propiedades.
