El Senado aprobó modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno, destinada a motivar a los argentinos a trasladar sus dólares guardados a la economía formal con una supervisión reducida por parte de las autoridades. Los cambios contemplan mayores beneficios fiscales y menos restricciones.
La ley de Inocencia Fiscal fue aprobada inicialmente el pasado diciembre. Elevó el umbral de la evasión fiscal y aplicó el principio de inocencia para evitar castigar a los ciudadanos por depositar en bancos sus ahorros no declarados sin explicar su origen.
Sin embargo, la adhesión al nuevo sistema fue menor de lo esperado por el gobierno, por lo que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo propusieron modificaciones para hacerlo más atractivo, con la esperanza de atraer los dólares tan necesarios al sistema bancario.
La Cámara Baja aprobó los cambios a finales de agosto, y el Senado les dio la aprobación final el jueves por la noche, con 44 votos a favor y 23 en contra. El proyecto recibió el respaldo de La Libertad Avanza y bloques aliados PRO y UCR, así como de bloques provinciales menores.
La versión actualizada de la ley, conocida como Inocencia Fiscal II, es menos rigurosa en cuanto a las “discrepancias significativas” detectadas al registrar las sumas y eleva los umbrales de ingresos para quienes deseen incorporarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias creado en diciembre.
Tras su aprobación en el Senado, el portavoz presidencial Adrián Ravier declaró: «La ley mantiene el espíritu del régimen vigente e incorpora reformas técnicas, elaboradas en colaboración con especialistas en materia tributaria, para fortalecer la certeza jurídica y brindar a los argentinos una mayor confianza en poner a trabajar sus ahorros».
«Con reglas claras, los ahorros regresan a la economía formal y se transforman en crédito para financiar el crecimiento de Argentina», añadió el funcionario.
El gobierno estima que actualmente hay aproximadamente US$170 mil millones fuera de la economía formal.
Además, el Senado aprobó una reforma a la ley de biocombustibles, que beneficia a las provincias productoras de caña de azúcar, maíz y soja. El proyecto eleva los niveles obligatorios de mezcla de bioetanol y biodiesel y establece un periodo de transición para las empresas no integradas. Ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
Los cambios principales de la Inocencia Fiscal
La nueva ley establece un método diferente para calcular el Impuesto a las Ganancias, por el cual los contribuyentes no están obligados a presentar una declaración de bienes al inicio o al final de un año fiscal. Las autoridades deberán presumir que la persona no está evadiendo impuestos.
La autoridad tributaria ARCA presumirá que los activos declarados en 2025 están en orden, y también aceptará como válidos los de 2024 y 2023. Si ARCA sospecha que un contribuyente está evadiendo impuestos, deberá demostrarlo.
Aunque el ministro Caputo lo anunció inicialmente como un sistema permanente para formalizar los dólares guardados sin riesgo, la ley fija un plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.
Otra modificación es que los grandes contribuyentes con ingresos superiores a AR$1.000 millones (US$653,600) o un patrimonio neto de más de AR$10.000 millones (US$65,359,400) podrán inscribirse en el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
Sin embargo, no podrán beneficiarse de que ARCA asuma que las declaraciones anteriores de ingresos son correctas y podrían estar sujetos a revisiones.
Además, ARCA solo declarará que existe una “discrepancia significativa” entre las declaraciones del contribuyente y los datos de la autoridad fiscal cuando haya una diferencia del 15% o cuando la discrepancia represente el 5% o más de lo que se considera evasión fiscal conforme a la Ley Penal Tributaria. Eso equivale a aproximadamente AR$5 millones (US$3,200).
Si la diferencia supera esa cantidad, el contribuyente deberá enmendar su declaración y pagar el impuesto más intereses, manteniendo los beneficios del régimen fiscal.
El esquema también reduce los requisitos para reportar bienes y gastos personales y establece que legisladores, jueces y funcionarios del poder ejecutivo, incluido el presidente, no serán elegibles para los beneficios del sistema simplificado del impuesto a las ganancias.
Además, el proyecto prohíbe que los funcionarios públicos y quienes hayan ocupado cargos en los cinco años anteriores participen en este sistema. La ley originalmente permitía a los funcionarios públicos ingresar al sistema y recibir sus beneficios, y varios miembros de La Libertad Avanza lo hicieron en meses recientes.
La modificación de la ley de Inocencia Fiscal ahora debe ser promulgada por el gobierno para entrar en vigor.
