El ex Jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó el lunes una exposición por escrito de 78 páginas, en respuesta a 20 preguntas planteadas por la fiscalía en el caso en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
La defensa sostiene, como punto central, que “no existe un enriquecimiento apreciable que no pueda ser explicado” y que las transacciones bajo escrutinio cuentan con pruebas documentales.
Entre los puntos clave, el documento mantiene las afirmaciones previas de Adorni de que la mayor parte de los fondos en cuestión provino de Bitcoin adquirido entre 2014 y 2018, antes de ingresar al servicio público.
También cuestiona el costo de remodelar su casa en la comunidad cerrada Indio Cuá.
Los dólares y el Bitcoin
Uno de los principales temas bajo revisión fue el efectivo en dólares estadounidenses declarado por Adorni.
Según el escrito judicial, la ex portavoz del presidente Javier Milei declaró US$565,000 a comienzos de 2023, US$513,000 a finales de ese año y US$388,961.52 a finales de 2024, todo bajo la categoría de “ventas de activos”.
La defensa explica ahora que estos fondos no provienen de la venta de bienes inmuebles u otro activo físico, sino de la liquidación de ocho cuentas de Bitcoin. El informe presentado por sus abogados calcula que estas transacciones sumaron US$591,544.61.
El escrito afirma que las ocho carteras fueron utilizadas entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018. Su uso, por lo tanto, antecede la entrada de Adorni en el servicio público por varios años. Actualmente no tienen saldo remanente.
Según el escrito, el dinero originalmente utilizado para comprar el Bitcoin provino de ahorros acumulados durante los años en que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se dedicaban a actividades profesionales privadas.
La defensa detalla que las primeras compras se realizaron en 2014 y que la mayor parte de la inversión —US$199,883.20— se efectuó en 2017. Las ventas, según el escrito, se realizaron mediante transacciones personales y en efectivo.
Para establecer la propiedad de las carteras, los abogados sostienen que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas de las ocho direcciones ante un notario público. Además, sostienen que entregó las claves privadas en un sobre sellado con cera para que pudieran ser utilizadas si se solicitan durante la investigación.
«Un error» en las declaraciones juradas de activos
Otro punto central de la defensa se refiere a las declaraciones de revelación financiera modificadas. Los abogados reconocen que se realizaron cambios en la declaración original, pero sostienen que no hubo intención de ocultar información.
Según su argumento, Adorni — quien es contador público certificado — corrigió la información antes de recibir la solicitud de la fiscalía y antes de que ARCA le notificara que realizaría una auditoría.
La defensa cita una declaración pública realizada previamente por Adorni, en la que describió la situación como «un error» y dijo que, aunque fue completamente involuntario, cree que debe pagar todo lo que corresponde.
El ex funcionario añadió que estaba dispuesto a pagar “cada último peso en impuestos”, así como cualquier sanción y los intereses que correspondan.
La casa de Indio Cuá
Otra sección significativa del escrito aborda la compra y renovación de su vivienda ubicada en el Lote 380 del Indio Cuá Country Club.
La fiscalía había pedido una explicación sobre la fuente de los fondos utilizados para adquirir el terreno y, en particular, los US$245,000 que, según la investigación, se habrían pagado al contratista Matías Tabar por la remodelación.
La defensa respondió que el terreno se compró por US$120,000: US$100,000 mediante un préstamo asegurado por una hipoteca sobre una propiedad en la Calle Asamblea, y los US$20,000 restantes en efectivo.
El punto más controvertido concierne a las obras de construcción. La defensa sostiene que la cantidad realmente entregada a Tabar fue de US$175,000 y afirma que los US$245,000 atribuidos a la obra no coinciden con la documentación revisada.
Según el escrito, la propia hoja de cálculo de Tabar, al sumar correctamente, asciende a US$285,929, en lugar de US$245,929.
La defensa señala, por tanto, una discrepancia de US$40,000 que, dice, “no tiene explicación ni respaldo documental alguno”.
El escrito también lista otras inconsistencias que, según la defensa, aparecen en la documentación del contratista: discrepancias entre dos hojas de cálculo, gastos sin recibos de respaldo, notas de entrega fechadas antes de que comenzaran los trabajos, materiales enviados a direcciones distintas, facturas emitidas al propio contratista, y la ausencia de cotizaciones comparativas.
Originally published in Ambito
