El gobierno de las Malvinas amplió por cinco años todas las licencias existentes de perforación costa afuera, una medida que surge en medio de la ofensiva del presidente Javier Milei para endurecer las sanciones a las empresas petroleras que operan en la zona sin autorización argentina.
La decisión, respaldada por el gobierno del Reino Unido, también contempla la posibilidad de prorrogar las licencias por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo previstos.
“Estas extensiones proporcionan certidumbre a los operadores, permitiéndoles seguir invirtiendo y desarrollando las áreas que les han sido asignadas,” declaró Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa de la isla y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
El anuncio eleva las tensiones con Argentina por el avance de proyectos petroleros en el Atlántico Sur.
La administración de Milei envió al Congreso un proyecto de ley para declarar ilegales los permisos concedidos por la administración de la isla. En las últimas semanas, el gobierno ha intensificado cargos penales, medidas administrativas y sanciones contra empresas y accionistas vinculados a esas operaciones.
El miércoles, Milei se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se espera que el presidente pronuncie un discurso en el que afirme la soberanía argentina sobre las islas.
Sea Lion, el proyecto en el centro del conflicto
El foco principal está en Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago.
La iniciativa está liderada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y la empresa británica Rockhopper Exploration, que ostenta el 35% restante.
Las compañías planean iniciar la producción en 2028. Reuters informó que el proyecto apunta a una tasa de producción de 50.000 barriles por día y que las empresas sostienen que cuentan con licencias válidas otorgadas por la administración de las islas.
La semana pasada, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordena a Rockhopper y Navitas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion.
La resolución se basó en una acción preventiva relacionada con posibles daños ambientales y de soberanía presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro La Plata para Veteranos de la Guerra de Malvinas.
La aplicación práctica de este fallo enfrenta limitaciones fuera de la jurisdicción argentina, ya que su cumplimiento depende de la cooperación internacional y de la conducta de las empresas involucradas.
Nuevos movimientos para Navitas
Además de prorrogar las licencias, la administración de la isla aprobó la adquisición por parte de Navitas Petroleum Atlantic Limited de una participación del 65% en PL001, un bloque adyacente a Sea Lion.
Según el comunicado oficial, la decisión tiene como objetivo acelerar la evaluación y el desarrollo de ese bloque.
La operación surge de un acuerdo firmado en febrero entre Navitas y la empresa canadiense JHI Associates. Además de Navitas y Rockhopper, las empresas británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, así como la empresa canadiense JHI, también poseen licencias de exploración en la zona. Se estima que los ingresos por regalías relacionados con el proyecto Sea Lion ascienden a unos 2.000 millones de dólares.
El Departamento de Recursos Minerales de las islas está trabajando ahora con los titulares de las licencias para definir programas de trabajo ampliados para el nuevo periodo, lo que podría incluir compromisos para perforar pozos de evaluación adicionales.
Aviso editorial: Aunque el Reino Unido se refiere al territorio como las “Islas Falkland” (Falkland Islands), Argentina cuestiona enérgicamente ese nombre. El Buenos Aires Herald utiliza “Malvinas” para referirse a las islas.
Con información de Ámbito
