El juez federal Daniel Rafecas anunció este lunes cargos contra ocho nacionales iraníes y libaneses por el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, por sus siglas en español), un centro comunitario judío en Buenos Aires, que dejó 85 personas fallecidas.
También ordenó el congelamiento de 500 millones de dólares en los activos de cada uno de ellos. La decisión forma parte de un juicio en ausencia que comenzó en junio de 2025.
Entre los acusados principales figura Ahmad Vahidi, actual comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), quien entonces dirigía la Fuerza Quds.
El antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohsen Rezai; Ali Fallahijan, quien se desempeñaba como ministro de Inteligencia; y Ali Akbar Velayati, entonces ministro de Relaciones Exteriores, también han sido acusados.
Los acusados son hombres que continúan huyendo en el extranjero y que, según las autoridades judiciales argentinas, fueron notificados de los cargos y de las solicitudes de extradición, pero no comparecieron ante los tribunales argentinos.
La Ley 27.784, que permite juicios en ausencia para ciertos delitos, incluidos genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, fue aprobada por el Congreso argentino en febrero de 2025.
En su fallo, Rafecas estableció que la decisión de perpetrar el atentado se tomó en agosto de 1993 por las más altas autoridades del régimen iraní y que la ejecución fue confiada a Hezbolá.
Según la reconstrucción judicial, la organización contaba con una red de apoyo regional y local, con uno de sus centros operativos en la Triple Frontera, que agrupa Ciudad del Este (Paraguay), Foz de Iguazú (Brasil) y Puerto Iguazú (Argentina).
El juez también reconstruyó los preparativos del atentado y afirmó que los responsables adquirieron una furgoneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994. Supuestamente, el vehículo fue cargado con alrededor de 300 kilogramos de explosivos antes de ser estacionado a pocas cuadras del edificio de la AMIA el viernes 15 de julio.
Según la reconstrucción incluida en la resolución, la furgoneta permaneció allí hasta la mañana del lunes 18 de julio, momento en el que se trasladó para llevar a cabo el ataque en un momento en que el edificio de la calle Pasteur estaba más concurrido.
Los acusados
El juez Rafecas acusó a los funcionarios iraníes Ahmad Vahidi, Ali Fallahijan, Ali Akbar Velayati y Mohsen Rezai de ser autores indirectos del atentado.
Su fallo indica que los cuatro participaron, desde sus respectivas posiciones dentro de las estructuras estatales iraníes, en la toma de decisiones y la organización del atentado y facilitaron a quienes lo ejecutaron en el terreno llevarlo a cabo.
Como cómplices necesarios, Rafecas imputó a Hadi Soleimanpour, quien se desempeñó como embajador de Irán en Argentina; Mohsen Rabbani, entonces asesor cultural en la Embajada iraní y una figura religiosa radicada en Buenos Aires; y Ahmad Asghari, identificado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.
Según Rafecas, los tres realizaron contribuciones esenciales al plan criminal a través de vías diplomáticas y de la estructura local vinculada a Irán.
El octavo acusado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, a quien la resolución identifica como quien coordinó la etapa final del ataque en nombre de Hezbolá.
El tribunal, sin embargo, concluyó que existían pruebas insuficientes para procesar a Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Tampoco examinó la situación legal del antiguo líder supremo iraní Ali Khamenei ni del líder de Hezbolá, Imad Mughniyeh, ya que ambos habían fallecido, en 2026 y 2008, respectivamente. Ali Hussein Abdallah, que murió en 2020, también quedó excluido del análisis.
Crimen de lesa humanidad
Uno de los puntos centrales de la resolución es la calificación jurídica adoptada por Rafecas. El juez concluyó que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y, además, clasificó los hechos como genocidio conforme al derecho internacional.
Entre los cargos figuran múltiples casos de homicidio y lesiones, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar un peligro común.
La resolución se apoya en la investigación realizada durante muchos años por la UFI AMIA, encabezada por el fiscal Sebastián Basso. La Fiscalía ya había solicitado la imputación de los acusados y el uso de juicios en ausencia para los fugitivos.
Otro elemento incorporado al análisis judicial es la hipótesis de que el atentado de la AMIA estuvo coordinado con otro ataque contra la comunidad judía que tuvo lugar al día siguiente en Panamá.
Según la resolución, el 19 de julio de 1994, un pasajero suicida detonó un avión comercial en ese país, matando a sus tres tripulantes y a 17 pasajeros. Doce de las víctimas pertenecían a la comunidad judía de Panamá.
La investigación sostiene que ambos atentados fueron reclamados de forma conjunta cuatro días después por Hezbolá, desde Líbano, usando el nombre en clave “Ansar Allah.”
El caso relativo al atentado en Panamá permanece abierto en ese país y, según la resolución, se está intercambiando información con la investigación argentina.
Con información de Ámbito
