La Corte Suprema de Argentina anuló un fallo de una instancia inferior que había bloqueado un artículo incluido en el megadecreto de 2023 del presidente Javier Milei, el cual derogaba la Ley de Tierras del país. Esta norma, aprobada en 2011, impone límites a la cantidad de tierras rurales que pueden ser propiedad de extranjeros.
Aunque la resolución no declara de forma directa la constitucionalidad de la derogación del decreto, sus efectos prácticos son que se han levantado los topes a la propiedad de tierras por parte de extranjeros que manda la ley.
Según la sentencia, los tres magistrados — Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti — basaron su decisión en el hecho de que el grupo de Veteranos de la Guerra de Malvinas que impugnó la derogación no tenía legitimación para presentar el caso.
De un decreto a la Corte Suprema
Aprobada en 2011, la Ley de Tierras establecía que las personas y empresas extranjeras no podían poseer más del 15% de tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal.
También fijaba un tope de 1.000 hectáreas para un único propietario extranjero en la región agrícola central de Argentina.
La ley fue uno de los objetivos de Milei cuando emitió el DNU 70/23 en diciembre de 2023, poco después de tomar posesión. El amplio decreto modificó o derogó cientos de leyes como parte del programa de desregulación de su gobierno.
El artículo 154 del decreto derrocó la Ley de Tierras, eliminando así las restricciones a la propiedad extranjera de tierras rurales.
La disposición, sin embargo, fue impugnada de inmediato ante la corte por el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas en La Plata, conocido como CECIM. Un juez federal inicialmente restituyó la Ley de Tierras, y la Corte Federal de Apelaciones en La Plata declaró posteriormente inconstitucional la sección pertinente del DNU.
En 2024, el gobierno elevó el recurso ante la Corte Suprema, que dictó su veredicto el martes.
La corte señaló que CECIM no tenía la legitimación legal requerida para presentar el caso y que no existía una disputa legal colectiva que calificara ante la corte.
Los jueces agregaron que su decisión “no constituye una resolución sobre la validez constitucional del Artículo 154” y no interfiere con el papel del Congreso.
No obstante, dado que el artículo ahora vuelve a estar vigente, las personas físicas y jurídicas extranjeras, así como los Estados extranjeros, pueden comprar tierras rurales sin los topes del 15% a nivel nacional, provincial y municipal ni el límite de 1.000 hectáreas en la región agrícola central.
Congreso y la Ley de Tierras
Con la medida de la corte aún en vigor, la administración de Milei intentó derogar la ley a través del Congreso.
En agosto, el bloque gobernante presentó una amplia reforma de la propiedad privada que habría eliminado por completo las restricciones a la propiedad extranjera.
Debido a la presión de legisladores aliados, el gobierno modificó la propuesta para proponer elevar el límite del 15% al 25%.
Ese compromiso tampoco logró obtener el apoyo suficiente. En medio de una fuerte oposición política y social, el gobierno retiró el capítulo que trataba de la propiedad extranjera del proyecto antes de que llegara a votación en el Senado.
La retirada significó que el límite del 15% siguió vigente.
Qué pasa ahora
Aunque el Senado rechazó el DNU 70/23 en marzo de 2024, bajo la ley que rige los decretos de emergencia presidencial, un DNU solo puede ser derogado por el Congreso si ambas cámaras lo rechazan.
Como resultado, el decreto permanece en vigor a menos que la Cámara de Diputados también lo rechace.
Esto significa que, mientras quede incompleta la negación del Congreso, el efecto inmediato de la sentencia de la Corte Suprema es la eliminación de la Ley de Tierras.
La legisladora de izquierda Myriam Bregman ha pedido a la Cámara Baja que rechace el DNU 70/23. “El decreto debe ser anulado ya”, afirmó, argumentando que así se resolverían muchos de los litigios que rodean a la Ley de Tierras.
Si la Cámara de Diputados también rechaza el decreto, este perdería su fuerza legal. Eso eliminaría el Artículo 154 y la Ley de Tierras volvería a estar vigente, incluyendo su tope del 15% para la propiedad extranjera.
Descargo editorial: Aunque el Reino Unido se refiere al territorio de las Malvinas como las “Islas Falkland”, Argentina cuestiona firmemente ese nombre. El Buenos Aires Herald se refiere a las islas como las Islas Malvinas.
