Un juez federal declaró inconstitucional que el gobierno argentino se negara a cumplir una ley de 2025 que exige incrementar la financiación de las universidades públicas y ordenó a las autoridades su implementación.
Según medios locales, el gobierno apelará la decisión. El Ministerio de Capital Humano no respondió a la solicitud de comentarios del Herald.
La sentencia añade otro capítulo al tira y afloja judicial alrededor de la ley. Varios jueces han ordenado al gobierno liberar los fondos requeridos por la norma, mientras que las autoridades se han negado alegando que la ley no especifica de dónde provendrán los recursos.
La comunidad educativa también ha emprendido acciones legales durante el último año para exigir la plena implementación de la ley, junto con la organización de varias protestas masivas. La próxima marcha para defender las universidades públicas se celebrará el 15 de octubre.
Desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo en diciembre de 2023, las universidades públicas han visto una marcada reducción de su financiación como parte de los recortes de gasto más amplios del gobierno. Las transferencias a las universidades nacionales se sitúan actualmente alrededor de un 40% por debajo de su nivel de 2023, según el Instituto de Investigación en Economía de la Universidad de Buenos Aires (IIEP-UBA).
Los recortes también han afectado los salarios universitarios, que han perdido alrededor del 34% de su poder adquisitivo.
La sentencia
El martes, el juez Martín Cormick emitió un fallo que cuestiona el decreto que el gobierno publicó para frenar la implementación de la ley.
El decreto, publicado en octubre de 2025, justificó frenar la ley —aprobada por el Congreso en agosto de ese año— alegando que la fuente de financiación no estaba clara.
Antes de ello, el gobierno había intentado vetarla, pero la decisión fue revocada por los legisladores.
El juez Cormick afirmó que la justificación del gobierno para evitar la implementación de la ley era “irrazonable”, y que equivalía a “una forma de veto no incluida en la Constitución Nacional”.
Por lo tanto, el decreto del gobierno “ha funcionado como una herramienta extra constitucional” para bloquear una norma aprobada por el Congreso, añadió.
Cormick ordenó a las autoridades nacionales “cumplir de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario mediante la promulgación de las reglas reglamentarias y de implementación necesarias para ese fin.”
La sentencia respondió a una solicitud de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y las universidades públicas, así como a una demanda presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Protestas
La sentencia llega en un momento en que las tensiones alrededor de la ley de financiamiento vuelven a intensificarse, con profesores y personal en huelga en las últimas semanas y una protesta prevista para el 15 de octubre en Buenos Aires. Esta será la quinta marcha para defender las universidades públicas y exigir mejores condiciones desde abril de 2024, y se replicará en todo el país.
Además, la mañana del miércoles marcó la fecha límite para que el gobierno cumpla con otra resolución judicial del juez Cormick respecto a la ley de financiamiento, que establecía que las autoridades debían acatar una parte de la norma que elevó los salarios de los empleados.
Por la tarde del miércoles, las autoridades universitarias que integran la Comisión Interuniversitaria Nacional celebrarán su reunión mensual en la Plaza de Mayo, frente al palacio presidencial Casa Rosada, como una forma de pedir la implementación de la ley.
El martes también representó un día importante para las universidades públicas, ya que la UBA otorgó al astro del fútbol Lionel Messi un doctorado honoris causa en la jornada de su despedida como miembro de la selección masculina de Argentina.
