El gobierno británico anunció este martes que modificaría su legislación para “proteger” a las empresas e individuos involucrados en la perforación de petróleo en Malvinas. La decisión llegó solo unas horas después de que el gobierno de Javier Milei anunciara que había presentado un caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo sobre la explotación de recursos en las Islas Malvinas.
«El Reino Unido no dudaría en proteger a las empresas e individuos británicos», comienza la declaración oficial. El objetivo es proteger a las empresas británicas «de la presión para cumplir con medidas domésticas argentinas y asegurar que las personas y las empresas británicas involucradas en actividades legales alrededor de las Islas Malvinas puedan y seguirán tomando decisiones comerciales de acuerdo con la ley del Reino Unido.»
La declaración apunta específicamente a acciones que podrían afectar a la empresa petrolera británica Rockhopper, que, junto con Navitas de Israel, está desarrollando el proyecto Sea Lion en aguas al norte de las islas.
«El Reino Unido apoya el derecho de los habitantes de las Malvinas a desarrollar sus recursos naturales para su propio beneficio económico», añade la declaración. «Las decisiones sobre el desarrollo económico en las Islas Malvinas son asuntos del Gobierno de las Islas Malvinas y de las empresas involucradas».
El gobierno británico también afirmó que está «trabajando de cerca» con las compañías afectadas para ofrecerles apoyo.
La declaración también indica que «el gobierno está preparando medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales (PTI)», enfatizando que el Reino Unido «no dudaría» en proteger a las empresas e individuos británicos.
La Ley de Protección de Intereses Comerciales (PTI) es una norma británica de 1980 diseñada para proteger a individuos y empresas del Reino Unido frente a leyes extranjeras, fallos judiciales y requerimientos con alcance extraterritorial que afecten a los intereses comerciales británicos. Ya se ha invocado en casos relativos a sanciones de Estados Unidos contra Cuba e Irán que afectaron a intereses comerciales británicos. La ley permite a las empresas negarse a cumplir sanciones potenciales y buscar compensación cuando se ven perjudicadas por tales medidas.
«Esto deja claro, sin lugar a dudas, que este Gobierno actuará donde Argentina busque obstaculizar la actividad comercial lícita del Reino Unido», dijo el Secretario de Comercio y Negocios Jonathan Reynolds.
El Secretario de Exteriores, Ed Miliband, por su parte, afirmó que el apoyo del Reino Unido a las Islas Malvinas es «inconmensurable».
Con un lenguaje fuertemente declaratorio, su declaración afirma que los intentos de Argentina de «intimidar» a las empresas e individuos involucrados en actividades comerciales legítimas son «inaceptables». También señala que «las empresas deben ser libres de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de coacción política».
La declaración también advierte que el gobierno británico «siempre defenderá a los isleños, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo».
Aviso editorial: Aunque el Reino Unido se refiere al territorio de las Malvinas como las “Islas Falklands”, Argentina cuestiona fuertemente ese nombre. El Buenos Aires Herald se refiere a las islas como las Islas Malvinas.
