Este artículo fue coescrito por Marina Peña y Juan Pérgola
La científica Virginia Aparicio fue despedida a finales de octubre del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA, por sus siglas en español) de Argentina, debido a presuntas irregularidades en su investigación sobre los efectos de los agroquímicos en las personas, los animales y el entorno.
Aparicio y muchos en la comunidad científica argentina, por otro lado, han descrito su despido como una persecución flagrante.
La científica y sus colegas basan sus afirmaciones en el hecho de que el INTA bloqueó una presentación pública programada de sus hallazgos de investigación en 2023, la cual reveló una exposición generalizada a pesticidas entre los participantes argentinos y, por ende, suscitó serias preocupaciones de salud pública.
El INTA también retiró su participación del proyecto internacional de Aparicio relacionado con esta investigación y abrió una investigación contra ella en diciembre de 2023. Esa investigación, a la larga, condujo a su despido en octubre de este año, alimentando sospechas de que había sido castigada por una investigación que podría resultar perjudicial para el sistema de producción agrícola de Argentina.
Las razones que dio INTA para su despido
Aparicio, quien posee un doctorado en ciencias agrarias, había trabajado en el INTA durante más de 20 años, estudiando agroquímicos, y también era investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (en español, CONICET).
La Junta Directiva del INTA aprobó formalmente su despido el 26 de octubre, tras una investigación administrativa iniciada en 2023 sobre presuntas irregularidades en su investigación.
Las acusaciones se centraban en un proyecto de investigación internacional conocido como SPRINT (Transición Sostenible de la Protección de Plantas: Un Enfoque Global de Salud), lanzado en 2020 para investigar la exposición a pesticidas y sus posibles efectos en la salud humana y el medio ambiente.
Financiado por la Unión Europea y coordinado por Wageningen University & Research en los Países Bajos, el proyecto tenía como objetivo “evaluar los impactos de los pesticidas y sus mezclas en la salud humana, las plantas, los animales y el medio ambiente.”
En 2023, el proyecto planteó preocupaciones inquietantes sobre la exposición a pesticidas en Argentina.
Aparicio y otros investigadores detectaron glifosato en casi el 90% de las muestras de sangre humana y clorpirifós en un 37,7%. También se hallaron residuos de pesticidas en agua superficial, aire, alimentos, polvo del hogar y suelo.
El INTA suspendió posteriormente la presentación pública de estos resultados en junio de 2023, apartó a Aparicio del proyecto e inició procedimientos disciplinarios en diciembre de 2023 que finalmente condujeron a su despido en octubre de 2026.
Aparicio recibió la sanción disciplinaria más severa conforme a las leyes de empleo público de Argentina. La medida la aparta de forma permanente del INTA y le prohíbe continuar trabajando en la administración pública nacional.
La decisión de despedir a Aparicio, formalmente conocida como Resolución N.º 366, fue suscrita por Nicolás Bronzovich, presidente de la Junta Directiva del INTA. Acusó a Aparicio de violar leyes que prohíben el uso de la autoridad oficial para fines ajenos a sus funciones y del uso indebido de los recursos estatales.
Entre las principales acusaciones, el INTA cuestionó el envío de muestras biológicas humanas desde Argentina a laboratorios en el extranjero. El acuerdo original estipulaba que los análisis se realizarían en Argentina, pero las muestras fueron enviadas al extranjero sin evidencia de la autorización institucional requerida. Los fondos del proyecto también se utilizaron para cubrir los costos de envío.
El INTA también cuestionó la participación del exinvestigador José Luis Costa, la pareja de Aparicio, que ya no tenía una afiliación institucional activa. Costa supuestamente fue asignado a tareas de coordinación y tuvo acceso a información confidencial sin la debida autorización formal.
Otros aspectos de preocupación incluyeron la gestión de fondos de la Unión Europea y la sustitución del comité de ética establecido en el acuerdo de subvención por un organismo externo.
Lo que ha dicho Aparicio y su defensa
Aparicio publicó un video en Instagram el 28 de octubre instando a sus seguidores a seguir apoyándola.
“Luego se lanzó una campaña para desacreditar tanto la investigación como mi papel en ella. La investigación concluyó con mi cese del servicio público, una decisión anunciada por la Junta Directiva del INTA y su presidente,” dijo Aparicio.
“Estoy infinitamente agradecida por todo el apoyo, y les pido que sigan apoyándome; el INTA debe rendir cuentas por violar los derechos de los voluntarios que participaron en este proyecto —voluntarios a quienes les debemos la información que ahora poseemos,” afirmó.
Ese mismo día, su abogado, Mario Bolla, dijo a la publicación La Izquierda Diario que estaba preparando un recurso legal ante un tribunal federal en Mar del Plata para impugnar la sanción y permitir que Aparicio continúe trabajando.
Bolla también cuestionó las severas sanciones impuestas, que van más allá de impedir que continúe su investigación en el INTA. También incluyen la prohibición de ocupar empleos en el sector público durante al menos cinco años, a pesar de que la agencia reconoce que ella no se benefició personalmente de la presunta conducta indebida y que no tenía antecedentes disciplinarios, como señaló el abogado.
Aparicio también se le prohibió reunirse formalmente con los voluntarios que fueron monitoreados durante el estudio.
Bolla afirmó que la decisión tenía implicaciones más amplias.
“Esta medida no solo está destruyendo la carrera de una destacada científica; también viola el derecho del público a acceder a información ambiental y a información sobre la salud pública — obligaciones asumidas por el Estado argentino cuando convirtió el Acuerdo de Escazú en ley,” declaró a Página 12.
La controversia fue ganando cada vez más atención a lo largo de 2026 cuando surgieron informes de que Aparicio podría perder su empleo.
Lo que dice la comunidad científica argentina
Durante el proceso, asociaciones profesionales y sindicatos criticaron las acciones del INTA, argumentando que equivalían a una persecución gubernamental y censura destinadas a evitar que los hallazgos de la investigación se hicieran públicos.
Para respaldar sus afirmaciones, señalan varios factores, entre ellos lo que describen como el primer despido de este tipo en los 70 años de historia del INTA, la decisión de la agencia de bloquear la presentación de los hallazgos de la investigación de Aparicio y la severidad de la sanción impuesta, a pesar de que Aparicio no se benefició de la supuesta conducta indebida.
Organizaciones como la Universidad Nacional de Río Negro y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se opusieron públicamente a su despido.
Los voluntarios de SPRINT también expresaron preocupación.
“Se hallaron grandes cantidades de pesticidas en mi cuerpo, y exijo poner fin a la persecución de nuestra colega Virginia Aparicio,” dijo Nair Pereira, voluntaria de SPRINT e investigadora de CONICET, en un video difundido a través de la cuenta de Instagram Todxs por Virginia.
Ana Vélez, otra investigadora de CONICET, también expresó apoyo.
“No al despido de Virginia Aparicio, y basta de la persecución a la comunidad científica,” afirmó Vélez.
Aparicio, mientras tanto, ha seguido exigiendo libertad científica y acceso público a los hallazgos de la investigación de SPRINT.
“Debemos reconocer que, en una democracia, no podemos tolerar la censura, la persecución ni la supresión de la libertad de investigar,” dijo en su video de Instagram. “La ciencia se enfrenta con más ciencia, no con menos.”
