El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) desempeña un papel central en el objetivo declarado del presidente Javier Milei de “hacer que Argentina vuelva a ser grande”.
Hablando en el Foro Económico Mundial de Davos a finales de enero, sostuvo que la IA es un “facilitador de rendimientos crecientes” y que traerá un mayor crecimiento y bienestar.
También criticó las regulaciones gubernamentales, pidiendo a los políticos que “dejen de acosar” a quienes desarrollan IA.
En un artículo de opinión para el Financial Times en junio, escribió que espera que Argentina ofrezca un entorno legal y fiscal atractivo para las empresas de IA. Milei también ha propuesto una nueva categoría legal para entidades operadas por agentes de IA.
Sin embargo, a diferencia de otros sectores de la economía argentina que Milei prioriza —como la energía y la minería—, donde ya se han recibido inversiones multimillonarias a través del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), lo mismo no ha ocurrido en el sector tecnológico.
El “Super RIGI”, una ampliación del proyecto original para incluir inversiones de grandes empresas tecnológicas estadounidenses, ha estado pendiente en el Congreso desde junio. Desde entonces, su consideración se ha estancado.
La carta de intenciones para una mega-inversión de hasta 25 mil millones de dólares anunciada en octubre de 2025 por el CEO de OpenAI, Sam Altman, para construir un centro de datos en la Patagonia, tampoco ha mostrado avances desde entonces.
Según expertos, si bien Argentina tiene la capacidad de incorporar las innovaciones derivadas del desarrollo de IA a gran escala y de integrarse a su cadena de suministro, el camino para lograrlo conlleva obstáculos que exigirán a la administración de Milei desplazar algunas de sus posiciones clave.
Esto se debe a que una estrategia exitosa requeriría intervención estatal y políticas públicas —un enfoque que la administración libertaria se ha opuesto con vehemencia cuando se trata del desarrollo económico.
Los riesgos ambientales del papel de Argentina
Para Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (en español, SAIA), la administración de Milei intenta hallar un lugar para Argentina en lo que perciben como un “nuevo panorama geopolítico.”
Este escenario tiene dos actores principales, cada uno con características propias. Uno es China, que se centra en “la gran cantidad de ingenieros capaces de fundar todo tipo de empresas y de crear múltiples copias de todo lo que hacen los estadounidenses.”
El otro es Estados Unidos, que posee una “cantidad absurda de capital que puede invertir en algunas de estas empresas de alto riesgo antes de salir a bolsa, los famosos capitalistas de riesgo.”
La estrategia de Milei es centrarse en el suministro de energía para toda esa infraestructura, cuando la demanda de energía de la IA se vuelva “absolutamente explosiva.”
La administración actual busca atraer a las grandes empresas tecnológicas para que instalen sus centros de datos en la parte sur del país, aprovechando el clima, la ausencia de conflictos armados y zonas libres de riesgos climáticos.
Sin embargo, hay otro factor que Milei quiere aprovechar a su favor: el creciente descontento entre las comunidades afectadas por la instalación de centros de datos en Estados Unidos, uno de los temas de campaña en las recientes elecciones intermedias.
Para Ditzend, este es un punto crítico a tener en cuenta.
“Una estrategia sólida debe ir acompañada de una ejecución responsable, y ahí tengo algunas reservas,” declaró al Herald, añadiendo que debe enfatizarse la pregunta de qué obtendrá Argentina de estas inversiones.
“Si no nos ocupamos de esa parte y decimos, ‘vamos a cederlo todo, desregular, y no molestarlos con burocracia y regulaciones’, eso podría significar la construcción de un centro de datos junto a una fuente de agua dulce que sostiene a toda una comunidad.”
El enfoque adecuado, argumentó, sería otorgar esos beneficios con las normas y salvaguardas requeridas, porque “las personas y el ecosistema van primero.”
La economía del código y la falta de políticas públicas
Fernando Peirano, economista y ex presidente de la Agencia Nacional para la Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), afirmó al Herald que Argentina “está entre los países más abiertos al uso de la inteligencia artificial.”
Este desarrollo, sin embargo, es más un fenómeno individual que algo de alcance general.
“No hay señales de una transformación en los modelos organizativos, ni en el sector privado ni en el sector público,” afirmó, añadiendo que “no existe una estrategia explícita para apoyar los cambios en el mundo del trabajo” que la IA está provocando.
Se observan manifestaciones globales visibles de este fenómeno, como una disminución en la contratación para puestos de nivel de entrada.
Para Peirano, sin embargo, el punto clave es la forma novedosa en que la IA ha creado valor: la “economía del código”, un proceso basado en la gestión, procesamiento y recombinación del código.”
No solo código de software, sino también “código genético y código cultural, dado que las industrias culturales han experimentado una profunda digitalización en las últimas décadas.”
Destacó el sector de la economía del conocimiento, uno de los más dinámicos de Argentina. En 2025 alcanzó exportaciones por 10 mil millones de dólares, convirtiéndolo en el tercer sector exportador.
Sin embargo, afirmó que Argentina “debe considerar cuál debe ser su estrategia para jugar un papel de liderazgo en este nuevo panorama.”
Esto se debe a que los programas diseñados para promover la economía del conocimiento “se han quedado obsoletos” frente a los desafíos planteados por la economía del código.
“Promueve un sistema de producción y un tipo de perfil de empresa que ya no son los que marcan el camino, y no estamos haciendo nada para fomentar el liderazgo y la innovación en este nuevo marco,” enfatizó.
Además, Peirano mencionó que la innovación en este nuevo sector “requiere experiencia y conocimiento que Argentina posee dentro de sus sistemas universitarios y científicos.”
Esto, unido a sus “capacidades distintivas” derivadas de un ecosistema tecnológico existente, podría permitir al país “profundizar su papel en cómo se diseñan los algoritmos, cómo se optimizan,” lo que a su vez podría conducir a “nuevas empresas e industrias.”
El problema, sin embargo, es que el país está experimentando “el peor momento posible para incentivar a quienes desean seguir su vocación científica en estos campos complejos” como resultado de recortes generalizados en los sistemas científicos y universitarios.
El gobierno, añadió, dio “la peor apuesta posible” al basar su estrategia en posicionar al país como un centro de datos, enfocándose así en solo una capa de la economía del código — es decir, la infraestructura de datos.
¿Es posible el desarrollo regional?
A pesar de las intenciones del presidente, Peirano señaló que Uruguay es el país de la región mejor posicionado para atraer centros de datos.
El país ha transformado su mezcla energética en los últimos 15 años y ahora ofrece “estabilidad regulatoria y legal mucho más atractiva para las empresas.”
Los datos parecen respaldar este punto de vista. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) de este año, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Uruguay es, junto con Chile y Brasil, uno de los tres países con mejor desempeño en infraestructura de IA, talento, investigación, innovación y gobernanza.
Estos son los únicos tres países que figuran en la categoría de “Pioneros” —un título otorgado a quienes obtienen más de 60 puntos en el índice elaborado por la CEPAL.
La puntuación de Chile es 71,4, seguido de Brasil con 68,4 y Uruguay con 67.
La segunda categoría es “Exploradores”, liderada por Colombia (56,8), Costa Rica (56) y Argentina (55,6).
Una de las conclusiones del informe es que para América Latina y el Caribe, “la soberanía tecnológica no significa autarquía ni la búsqueda de una autosuficiencia inalcanzable”, sino la “capacidad efectiva” de tomar decisiones de forma autónoma y “preservar alternativas dentro de un entorno global interdependiente.”
Esa capacidad, añadió, solo puede desarrollarse a través de “una colaboración radical y generosidad entre ecosistemas.”
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de desarrollo regional entre los países de la región, Peirano dijo que América Latina “debería darse la oportunidad de escalar mediante acuerdos y lazos mucho más estrechos.”
Ditzend, por su parte, comentó que existe la posibilidad de que esto ocurra respecto a cuestiones regionales “que no se estudian en Estados Unidos”, como la fiebre de chikungunya y el virus Zika.
