Senado aprueba leyes de discapacidad, tierras y patentes

20 noviembre, 2026

El Senado de Argentina aprobó este miércoles tres proyectos de ley importantes, fortaleciendo las prestaciones por discapacidad, modificando las normas sobre propiedad privada y allanando el camino para que el país se incorpore a un tratado internacional de patentes.

Los votos representaron victorias legislativas para el gobierno del presidente Javier Milei, que logró apoyo para las medidas a pesar de la oposición de los legisladores peronistas.

Prestaciones por discapacidad

El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, con 71 votos a favor.

Originalmente promovida por la oposición, la ley ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados con 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones.

La legislación establece requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, permite a los beneficiarios mantener empleos formales sin perder automáticamente sus prestaciones, garantiza cobertura de salud y crea un marco para la readmisión de pensiones suspendidas.

También prevé pagos actualizados y una mayor supervisión. Sus disposiciones se incorporarán al presupuesto nacional de 2027.

Patricia Bullrich, líder del bloque del Senado del partido gobernante La Libertad Avanza (LLA), describió el acuerdo como un consenso político y social.

“Hoy no estamos simplemente votando una ley; estamos votando un acuerdo social y político, porque todos votaremos a favor,” afirmó.

La senadora Alicia Kirchner, de la oposición peronista, dio la bienvenida a la legislación pero advirtió que no aborda plenamente las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad.

“Esta es una respuesta importante, pero no definitiva,” afirmó.

El giro del gobierno

La aprobación de la ley sigue a una prolongada batalla política sobre el financiamiento de la discapacidad y marca el capítulo más reciente en una controversia que se ha convertido en una de las más sensibles políticamente dentro del gobierno de Milei.

Como parte de su programa de austeridad para reducir el déficit fiscal, el líder libertario recortó el gasto en pensiones por discapacidad y en servicios asociados.

En julio de 2025, los legisladores de la oposición impulsaron un proyecto de ley de emergencia destinado a revertir los recortes. Aunque Milei vetó la ley, argumentando que amenazaba el equilibrio fiscal, el Congreso anuló su veto en septiembre, una derrota contundente para el presidente.

Sin embargo, el gobierno aplazó su implementación hasta que un tribunal le ordenó hacer cumplir la ley en febrero de 2026.

La disputa provocó protestas sostenidas de personas con discapacidad, sus familias y proveedores de atención médica, que advirtieron que los recortes presupuestarios ponían en peligro el acceso a servicios esenciales y empujaban a las instituciones de atención hacia la bancarrota.

Ante la creciente presión social —y de cara a las elecciones de 2027— el gobierno finalmente negoció un nuevo proyecto de ley con los legisladores de la oposición, presentándolo como una alternativa permanente al marco de emergencia.

Aunque su presupuesto estaba siendo recortado, el sector de la discapacidad también fue eje de uno de los mayores escándalos de corrupción que involucraron al gobierno. A principios de este año, Diego Spagnuolo, antiguo jefe de la ahora extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue procesado junto con otras 18 personas —incluidos antiguos funcionarios del gobierno— en una investigación que analiza un esquema de sobornos que operaba dentro de ese sector estatal.

Cambios en las normas de propiedad privada

El Senado también aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con 42 votos a favor y 26 en contra.

La legislación modifica las reglas que rigen las expropiaciones, la ocupación temporal de la propiedad privada y los desalojos. Restringe la definición de utilidad pública y limita la ocupación temporal extraordinaria de la propiedad a un máximo de 90 días.

También establece un plazo de 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando los desalojos involucren a niños, personas con discapacidad o ancianos desatendidos.

Los legisladores peronistas se opusieron al proyecto, argumentando que sus disposiciones podrían dejar a los inquilinos vulnerables expuestos a desalojos.

“Ni siquiera incluye un aviso de un mes,” dijo el líder del Senado peronista, José Mayans, criticando la posibilidad de desalojar por la fuerza a personas que habían perdido su empleo y ya no podían pagar el alquiler.

Argentina avanza hacia un sistema internacional de patentes

Otra victoria del gobierno fue la aprobación por parte del Senado de la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

El tratado permite a inventores y empresas presentar una única solicitud de patente internacional como primer paso para buscar protección en más de 160 países participantes.

Argentina había permanecido al margen del acuerdo durante décadas, en parte debido a objeciones de las compañías farmacéuticas nacionales, que expresaron preocupaciones sobre las implicaciones de depender de evaluaciones técnicas de las oficinas de patentes extranjeras.

La aprobación fue por 47 votos a favor y 22 en contra, con el bloque peronista votando en contra.

El acuerdo extiende el periodo de prioridad de las patentes de 12 a 30 meses e incluye disposiciones destinadas a evitar el llamado evergreening, la práctica de hacer cambios menores a medicamentos ya existentes para ampliar los monopolios de las patentes.

Durante su tramitación en la Cámara de Diputados, los legisladores eliminaron el Capítulo II del acuerdo para evitar la intervención de oficinas de patentes extranjeras en el proceso de aprobación de Argentina y proteger el acceso a medicamentos genéricos de menor costo.

El senador peronista Jorge Capitanich argumentó que las patentes podrían generar escasez artificial al limitar la oferta de bienes y servicios. También advirtió que cambiar las reglas socavaría la soberanía de Argentina.

El senador del gobierno Francisco Paoltroni rechazó esa crítica, describiendo el tratado como una forma de brindar certeza jurídica y fomentar la inversión.

“Esto no es un tratado de libre comercio,” afirmó.

Con información de Ámbito

Valentina Herrera

Valentina Herrera

Soy redactora en Radios Tucumán y me apasiona contar las historias que ayudan a comprender nuestra provincia y a descubrir a quienes la hacen avanzar. Escribo sobre actualidad, cultura, sociedad, turismo y tendencias, siempre con una mirada cercana, curiosa y profundamente tucumana.