La población de América Latina, que envejece rápidamente, amenaza con ejercer más presión sobre los sistemas de pensiones de la región, ya de por sí tensionados por altos niveles de informalidad y una prolongada fase de estancamiento económico.
Para 2050, se espera que el número de personas mayores en la región se haya duplicado respecto a 2025, lo que obligará a los países de América Latina a replantear sus estrategias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de sus fondos de pensiones y sistemas de retiro.
Estas son algunas de las conclusiones de un informe publicado el miércoles por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), titulado “El Panorama Social de América Latina y el Caribe: Desafíos para la Sostenibilidad de los Sistemas de Pensiones.”
El estudio señaló que, si bien “la reducción de la pobreza entre las personas mayores de la región ha estado estrechamente ligada al desarrollo y la expansión de los sistemas de pensiones”, esos sistemas “siguen presentando deficiencias sustanciales en términos de cobertura, adecuación de las prestaciones y sostenibilidad financiera.”
También subrayó que los sistemas de pensiones no contributivos “han contribuido a reducir estas brechas”, pero que se necesitan “mayores esfuerzos” para fortalecer su sostenibilidad.
En este punto, la CEPAL delineó una serie de desafíos que deben tenerse en cuenta al diseñar políticas públicas para el sector. Uno de los más apremiantes es el rápido envejecimiento de la población.
“En 2025, la región contaba con 67 millones de personas de 65 años o más, lo que representa el 10,2% de su población total. Para 2050, esa cifra se habrá duplicado hasta 137 millones de personas mayores, lo que equivale al 18,9% de la población regional”, estimó la agencia de las Naciones Unidas (ONU).
Envejecimiento rápido y el debate sobre la edad de jubilación
Aunque es una tendencia que afecta a gran parte del mundo, en América Latina se está desarrollando a un ritmo acelerado.
“En Europa, se estima que el incremento de la proporción de personas de 65 años o más, del 10% al 20% de la población, se ha producido en 55 años, desde 1968 hasta 2023”, señaló el informe.
Sin embargo, en América Latina y el Caribe esa transformación ocurrirá en apenas 28 años, de 2025 a 2053.
“En consecuencia, los países de la región tendrán un período considerablemente más corto para adaptarse al envejecimiento de la población”, advirtió el informe, subrayando que esta situación “generará una mayor demanda sobre los sistemas de pensiones.”
La CEPAL estima que el gasto público en pensiones aumentará del 4,9% del PIB en 2025 al 6,4% en 2060 como resultado del envejecimiento de la población.
Esto representa un gasto adicional de 1,5 puntos porcentuales del PIB respecto al gasto actual en pensiones en toda la región.
“Teniendo en cuenta la necesidad de ampliar tanto la cobertura como la adecuación de las prestaciones de pensiones, se espera un aumento de la presión financiera, que se volverá cada vez más importante en los debates sobre política fiscal y protección social efectiva en la vejez,” añadió el informe.
“Se le preguntó a Herald si este escenario podría situar en primer plano las discusiones sobre el aumento de la edad de jubilación, y el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, dijo que “en general, ese es el caso.”
Aclaró: “No solo en Argentina, sino en todos los países. Es natural que las edades de jubilación sean una de las variables incluidas en los debates nacionales.”
Observó que los países de la región “ya han ido incorporando esta discusión en las reformas de pensiones y, sin duda, seguirá siendo un tema a considerar en futuras reformas estructurales y paramétricas orientadas a mejorar la sostenibilidad de los sistemas de pensiones.”
No existe una única edad de jubilación en América Latina: varía según el país, el género, el régimen de pensiones y los años de aportación.
En general, sin embargo, el rango más común se sitúa entre los 60 y los 65 años, y varios países de la región mantienen edades de jubilación distintas para hombres y mujeres.
En Argentina, por ejemplo, la edad legal de jubilación es de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, siempre que hayan realizado 30 años de aportes.
Informalidad y estancamiento económico
Este rápido proceso de envejecimiento se está produciendo junto a una actividad económica morosa. Entre 2015 y 2025, la proporción de personas de 65 años o más en la población total aumentó de 7,8% a 10,2%, mientras el crecimiento económico promedió apenas 1,9% anual.
“Esto demuestra que la demanda social de sistemas de pensiones está aumentando a un ritmo más rápido que la capacidad productiva,” explicó el informe.
Para agravar el desafío, el 55% de la fuerza laboral —equivalente a 182 millones de personas— carecía de cobertura de pensiones en 2024.
“Entre 2014 y 2024, la cobertura se mantuvo estancada, aumentando apenas 0,3 puntos porcentuales, lo que subraya la necesidad de diseñar nuevos enfoques para ampliarla”, afirmó la organización internacional.
Añadió que este estancamiento coincide con una desaceleración de la productividad laboral regional, que “después de crecer de forma constante entre 1991 y 2013, ha ido a la baja en la última década.” Este fenómeno “resalta las limitaciones de la estructura productiva para generar empleos formales, lo que actúa como un techo para la expansión de la cobertura de pensiones contributivas.”
Este panorama desafiante se ve agravado por “transformaciones en el mundo del trabajo vinculadas a la crisis climática y la transformación digital, como el auge de las plataformas digitales y la inteligencia artificial.”
Ante este panorama, la CEPAL recomendó tres medidas para abordar la situación.
La primera es desarrollar estrategias destinadas a aumentar los rendimientos de la inversión mediante la diversificación de instrumentos de inversión.
La segunda es promover mecanismos de ahorro colectivo para planes de pensiones administrados tanto por entidades públicas como privadas.
La tercera es establecer regímenes de pensiones parcialmente financiados que permitan compartir riesgos financieros y demográficos entre generaciones.