En las primeras horas del viernes, tras una tarde de fuertes choques fuera del edificio del Congreso, el Senado aprobó una versión reducida de la controvertida reforma a los derechos de propiedad privada impulsada por el gobierno, la cual pasará ahora a ser debatida por la Cámara de Diputados.
Los cambios se centran principalmente en acelerar los desalojos y endurecer las normas que rigen las expropiaciones por parte del Estado.
Sin embargo, la aprobación de la ley supuso una victoria pírrica para el gobierno. Para obtener los votos necesarios, se vio obligado a abandonar dos iniciativas que habían sido centrales para su propuesta original.
La primera fue una reforma de la Ley de Tierras que habría abierto la puerta a que extranjeros compraran hasta el 25% del territorio argentino. La otra modificaba la Ley de Manejo de Incendios y habría permitido vender y reutilizar tierras afectadas por incendios forestales.
La propuesta de la Ley de Tierras fue retirada antes del debate del jueves, después de que el gobierno perdiera apoyo entre varios de sus aliados. La medida enfrentó una oposición política y social intensa, especialmente por preocupaciones sobre la propiedad extranjera de tierras y recursos naturales estratégicos.
La reforma de Manejo de Incendios permaneció hasta las últimas horas de la sesión del Senado. Finalmente fue retirada después de que senadores provinciales, entre ellos representantes de la Patagonia, dejaron claro que no la apoyarían.
La reforma habría relajado las restricciones sobre el uso de la tierra tras incendios. La ley vigente prohíbe vender o reconvertir ciertas áreas incendiadas durante décadas, con el objetivo de frenar una práctica que se había vuelto peligrosamente extendida: incendiar deliberadamente bosques y humedales para desbrozar tierras para la agricultura, la ganadería o el desarrollo inmobiliario.
Con ambas disposiciones eliminadas, el gobierno se vio obligado a defender un proyecto de ley considerablemente más reducido.
Protestas
La pugna política dentro del Senado estuvo acompañada por una escena mucho más volátil fuera del Congreso.
Una gran manifestación contra la ley terminó en choques cuando un pequeño grupo de manifestantes lanzó piedras contra la policía y prendió fuego a cubos de basura y contenedores, lo que provocó una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad después de que la mayoría de los manifestantes ya se hubieran dispersado.
Unidades de infantería de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval utilizaron cañones de agua, gas lacrimógeno, balas de goma y unidades motorizadas para dispersar y perseguir a los manifestantes violentos, con choques que se extendieron fuera del Congreso hasta la Avenida 9 de Julio, a cuatro cuadras.
Las fuerzas de seguridad también se dirigieron a la mayoría de los manifestantes que no participaron en los disturbios, incluidos transeúntes y viandantes, según testigos y reportes de la escena.
Entre los heridos se encontraban un periodista y un fotógrafo. La Policía informó que cinco agentes también resultaron heridos, mientras que 12 personas fueron arrestadas durante los enfrentamientos.
La violencia ofreció un telón de fondo tenso para un debate que expuso la creciente dependencia del gobierno de bloques provinciales para obtener los votos necesarios para aprobar la legislación.
¿Qué fue aprobado?
Si cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados, la legislación aprobada por el Senado aceleraría los procesos judiciales de desalojo, incluidos los casos de ocupación ilegal y alquileres impagos.
En los casos de alquiler residencial, los propietarios tendrían que notificar formalmente a los inquilinos y darles solo 10 días para ponerse al día con los pagos pendientes antes de iniciar los procedimientos de desalojo a través de un proceso judicial acelerado. En el sistema vigente, los desalojos ordenados por los tribunales pueden tardar meses o incluso años.
La ley también establece un procedimiento más ágil para recuperar la propiedad de ocupantes ilegales y de ocupantes precarios.
Las nuevas reglas sobre desalojos han generado preocupación entre muchos, en un contexto de aumento del desempleo y una caída pronunciada del poder adquisitivo desde que Javier Milei asumió el cargo a finales de 2023.
La medida también impondría condiciones más estrictas para las expropiaciones por parte del Estado. Las declaraciones de interés público tendrían que cumplir pruebas más rigurosas de necesidad y proporcionalidad, mientras que la compensación quedaría vinculada principalmente al valor objetivo de mercado de la propiedad y a los daños directamente resultantes.
Los senadores del gobierno presentaron el proyecto como un intento de restablecer la certeza jurídica y fortalecer los derechos de propiedad privada.
Sin embargo, los críticos argumentaron que los procedimientos de desalojo acelerados podrían afectar desproporcionadamente a los inquilinos y que los cambios en la expropiación limitarían la capacidad del Estado para actuar en interés público.
Foto de portada: Mariano Fuchila (Ámbito)
