El gobierno argentino privatizó la administración de ocho tramos importantes de las rutas nacionales, unos 3.900 kilómetros de carreteras que se extienden por 11 provincias, este lunes.
Las ocho empresas adjudicatarias serán responsables de operar y mantener esos tramos durante veinte años.
La medida se produce en un contexto en el que el presupuesto estatal destinado a operar y mantener las rutas nacionales se ha desplomado casi un 80% desde que asumió la presidencia Javier Milei en 2023, según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El presupuesto asignado este año a las rutas nacionales, AR$563 mil millones o US$371 millones al tipo de cambio oficial, es el más bajo en más de tres décadas, explicó la ACIJ al diario La Nación.
El informe también subrayó que seis de cada diez kilómetros de esas carreteras se encuentran en condiciones malas o regulares.
La privatización de los tramos fue formalizada en una resolución emitida por el Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial el lunes.
La resolución señala que las ocho empresas asumirán la construcción, gestión, expansión, mantenimiento y reparación de esos tramos de rutas nacionales asignados y también podrán obtener ingresos adicionales mediante la cobro de peajes.
Esta es la tercera etapa de un plan más amplio iniciado en 2025, destinado a privatizar la gestión de un total de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas, “que soportan aproximadamente el 80 por ciento del tráfico del país”, señaló la Administración Nacional de Vialidad.
Supervisión estatal
La Administración Nacional de Vialidad estará a cargo de supervisar el cumplimiento de los contratos suscritos por las empresas privadas, con el objetivo de “garantizar que los corredores sean seguros y ofrezcan niveles adecuados de servicio a los usuarios.”
Esos tramos privatizados pasarán a gestionarse sin subsidios por parte del gobierno nacional, “dejando atrás esquemas derrochadores y conduciendo hacia un sistema más eficiente destinado a mejorar la calidad de la Red Nacional de Autopistas,” indicó la oficina en un comunicado.
En esa línea, el Ministerio de Economía afirmó que contar con “el 100% de inversión privada” permitirá carreteras más seguras y eficientes.
La motosierra
Desde que asumió la presidencia, Milei ha dejado prácticamente paralizadas las obras públicas, llegando incluso a detener algunos proyectos que estaban a punto de terminarse, como parte de su esfuerzo por eliminar el déficit fiscal.
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la inversión en obras públicas fue un 84% menor en julio que en el mismo mes de 2023.
El recorte del presupuesto para obras públicas refleja la mentalidad de Milei, la de la “motosierra”, de reducir el gasto público al mínimo absoluto.
Su gobierno ha comenzado recientemente a anunciar licitaciones para que el sector privado se haga cargo de servicios públicos como la operación de carreteras.
Hace dos semanas, el gobierno nacional anunció también un plan para ampliar la red eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, mediante una inversión privada inicial de 800 millones de dólares.
La licitación, que aún no ha sido formalmente lanzada, sería la primera de 16 obras privadas destinadas a añadir 5.600 kilómetros de cable eléctrico a la red nacional.
