El comercio exterior de Argentina se encuentra actualmente en su segundo día de estancamiento tras la decisión del presidente Javier Milei de desregular los servicios de pilotaje portuario, lo que provocó un conflicto laboral con los trabajadores del sector que afecta a más de 150 embarcaciones.
La huelga golpeó los principales puertos del país — La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén, Bahía Blanca, Rosario y otros a lo largo del río Paraná. Las operaciones se están redirigiendo hacia Montevideo y el sur de Brasil.
La incertidumbre y la preocupación por la protesta, que está provocando pérdidas de millones de dólares, se extiende entre los líderes empresariales. Algunos incluso critican en voz baja la forma en que el gobierno está gestionando la reforma.
“Es terrible que esto esté ocurriendo,” declaró a Herald el empresario e importador Martín Zocchio, y añadió que los buques que tienen problemas para entrar y operar en un destino concreto terminarán “ descargando en un puerto alternativo.”
Zocchio señaló que mover un contenedor de Montevideo a Buenos Aires cuesta entre US$700 y US$1,000, con los cargos de destino incluidos.
La medida también afecta a la distribución de combustible. La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó que 12 petroleros están detenidos, lo que genera riesgo de escasez de gasolina, diésel y fueloil.
“Entre las operaciones suspendidas estaba la del White Marlin, un buque necesario para trabajos en la tubería VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), que está más de un 75% terminada”, advirtió el banco Mariva en uno de sus últimos informes.
“Con los barcos que llegan para cargar, tal vez haya un poco más de margen y tengan que esperar, pero eso también genera un costo operativo que alguien termina pagando,” lamentó Zocchio.
Frustración en el sector agroexportador
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), advirtió sobre cuán severamente la situación está afectando a Rosario, provincia de Santa Fe — el epicentro de las exportaciones agrícolas.
“En este momento ya contamos con más de 45 buques inmovilizados, y si esto no se resuelve hoy, añadiremos otros 30 aproximadamente, y así sucesivamente. Cada retraso de un buque es como que un taxi marque el contador, cobrando entre US$50,000 y US$100,000 al día,” dijo a Herald.
Aunque Idígoras dijo estar a favor de recortar los costos portuarios, criticó la forma en que se implementó la medida del gobierno. También cuestionó la falta de comunicación con los pilotos para discutir los cambios.
“Apoyamos cualquier programa de desregulación que reduzca los costos de exportación, pero la forma en que se llevó a cabo claramente provocó una explosión interna en este sector,” añadió, instando al gobierno a intervenir lo antes posible para romper el estancamiento.
“La Guardia Costera, como autoridad competente, debería convocar a todos para trazar una hoja de ruta que permita la implementación del decreto y que todos vuelvan al trabajo.”
Impacto económico y reputacional
Idígoras expresó su preocupación por cómo el conflicto afecta la imagen del país en el comercio internacional.
Argentina podría acabar en una “lista de países sucios,” explicó. Esto la etiquetaría como una “nación poco fiable a la hora de cumplir sus contratos de exportación,” algo que beneficiaría a competidores directos como Brasil.
La Cámara de Puertos Comerciales Privados (CPPC) también manifestó su preocupación por la situación, afirmando que representa un “freno directo e inmediato a la economía nacional” que amenaza dañar la reputación internacional del país.
“La imprevisibilidad operativa y el riesgo de que los barcos sean desviados a otros puertos de la región dañan la imagen de Argentina como proveedor confiable, poniendo en peligro acuerdos comerciales forjados durante años,” argumentó la organización en un comunicado oficial.
Además, la cantidad de buques con retrasos interrumpe el flujo normal de exportaciones e importaciones, “deteniendo de inmediato la entrada de divisas que es esencial para la estabilidad macroeconómica del país.”
Esa situación también provoca una “ruptura de las cadenas de suministro,” ya que la parada portuaria “crea un efecto dominó que paraliza el transporte terrestre —camiones y trenes—, desborda la capacidad de almacenamiento en las terminales y corta insumos estratégicos industriales y energéticos para la producción local.”
La CPPC también advirtió que la incapacidad de cumplir con los plazos acordados “someten a los exportadores a duras penalidades contractuales y elevan de manera desproporcionada los costos logísticos por sobrecostos.”
