El gobierno argentino ha interpuesto una querella penal contra cinco firmas de exploración de petróleo y gas vinculadas a Navitas Petroleum, la empresa israelí que lidera el proyecto de perforación Sea Lion cerca de las Islas Malvinas.
La acción legal se produce tras el anuncio del presidente Javier Milei de endurecer las sanciones contra las empresas involucradas en el proyecto, al norte del archipiélago, en el Atlántico Sur, que está bajo control británico pero que Argentina considera parte de su territorio.
Navitas Petroleum posee un interés operativo en el proyecto Sea Lion del 65%, mientras que el socio británico Rockhopper Exploration posee el 35%. Milei afirmó que las sanciones también afectarían a las partes interesadas, inversores, proveedores de servicios y a otras firmas relacionadas con el proyecto y sus operadores.
El desarrollo offshore de petróleo Sea Lion se ubica en la Cuenca Norte de las Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte de la capital de la isla, Puerto Argentino. Se espera que la perforación comience a principios de 2027, y que la extracción inicie en 2028. El objetivo es recuperar más de 300 millones de barriles a lo largo de un periodo de 30 años.
Las empresas señaladas en la denuncia presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.
La denuncia también incluye a las accionistas de las empresas, Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El gobierno alega que “poseen licencias concedidas por el gobierno ilegítimo del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte de las Malvinas.”
El gobierno afirmó que esto viola las regulaciones argentinas que rigen las operaciones de hidrocarburos en la plataforma continental del país, donde se encuentran las Islas Malvinas.
La declaración añadió que la denuncia está “dirigida contra todos los directores, gerentes, fiduciarios, miembros del consejo de supervisión, administradores, agentes, representantes o individuos autorizados que puedan haber participado en el acto punible.”
Tras el mensaje televisado de Milei del jueves y las medidas legales adoptadas el viernes, las acciones de las empresas petroleras vinculadas al proyecto Sea Lion registraron tres días consecutivos de caídas.
Las acciones de Rockhopper Exploration cayeron un 11,54% en las últimas tres sesiones de negociación, mientras que las acciones de Navitas Petroleum se han reducido casi un 7% en el mismo periodo.
«Defensa de la soberanía»
El gobierno afirmó que la demanda “constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y salvaguardar la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, así como las áreas marítimas e insulares correspondientes, ya que forman parte integral del territorio nacional.”
“La defensa de la soberanía debe ejercerse a través de todas las herramientas legales e institucionales disponibles para el gobierno nacional para evitar que terceros lleven a cabo actividades que involucren recursos pertenecientes a la República Argentina”, afirmaron.
El Estado nacional continuará investigando y llevando a cabo las “acciones necesarias para que ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina quede impune.”
Además, el presidente Milei pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que dé prioridad a los fondos en el proyecto de presupuesto de 2027 para completar la construcción de una base naval en Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina, con el objetivo de “proteger los intereses soberanos de la República Argentina.”
Sanciones más duras
El viernes, el gobierno inició acciones legales para imponer sanciones a 45 empresas e individuos vinculados al proyecto de perforación de petróleo en las Islas Malvinas, que no ha sido autorizado por Argentina y, por ello, se considera ilegal en el país.
La medida emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores apunta a operadores, socios financieros, accionistas, altos ejecutivos y proveedores de servicios de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, Sudáfrica y Kazajistán, entre otros.
Las sanciones incluyen prohibiciones para operar en Argentina, restricciones financieras y limitaciones para participar en licitaciones u obtener permisos de energía en el país. También impone restricciones a las personas que ingresen a Argentina o mantengan lazos comerciales con empresas locales.
El gobierno señaló que estas medidas están destinadas a “desincentivar la explotación unilateral” de los recursos naturales en la zona en disputa.
Aviso editorial: Aunque el Reino Unido se refiere al territorio como las «Islas Falkland» (Falkland Islands), Argentina cuestiona firmemente ese nombre. El Buenos Aires Herald utiliza «Malvinas» para referirse a las islas.
