Un juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, anunció el viernes la desestimación de los cargos contra el presidente Javier Milei, la Jefa de Gabinete Presidencial Karina Milei y otros nueve acusados en el caso que investiga el lanzamiento y el posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA.
El juez determinó que los hechos reportados no encajaban en la definición legal de un delito, fallando conforme a la petición presentada por el fiscal Eduardo Taiano.
El escándalo cripto estalló a principios de 2025 cuando el presidente argentino promovió un token que se desplomó horas después, dejando a miles de inversores con pérdidas que sumaron millones de dólares.
Los desarrolladores de $LIBRA presuntamente retiraron alrededor de 100 millones de dólares de EE. UU. del proyecto durante ese periodo, lo que provocó acusaciones de que la operación era un esquema de “pump and dump”, así como acusaciones de uso de información privilegiada.
Además de los hermanos Milei, la decisión del juez abarca a las otras personas investigadas, entre ellos empresarios cripto argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y Hayden Mark Davis, el experto en criptomonedas de Estados Unidos considerado el promotor clave de $LIBRA.
En su fallo, Martínez de Giorgi concluyó que todos los acusados debían ser excluidos del caso porque la opinión del fiscal sostenía que no existían pruebas que justificaran la continuación de las actuaciones.
El engaño no quedó probado
Uno de los puntos clave del caso fue determinar si la promoción pública de $LIBRA, su incremento inicial de precio y su posterior colapso formaban parte de un esquema organizado destinado a perjudicar a los compradores.
La denuncia afirmó que un mensaje publicado por Milei en su cuenta oficial X el 14 de febrero de 2025 había impulsado el precio del token, que pasó de un valor inicial de aproximadamente un centavo a casi cinco dólares antes de desplomarse.
Según las alegaciones, las carteras vinculadas a los promotores del proyecto habrían retirado alrededor de 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 compradores padecieron pérdidas.
Sin embargo, la fiscalía argumentó que un resultado financiero adverso no era suficiente para establecer fraude. Su análisis sostuvo que era necesario demostrar en qué consistía exactamente el engaño, cómo había distorsionado a los compradores y cómo había impulsado sus decisiones de inversión.
El juez adoptó ese razonamiento, señalando que la promoción del presidente pudo haber tenido una influencia significativa en la exposición pública del proyecto, pero que esta circunstancia por sí sola no establecía la existencia de un plan fraudulento.
En este sentido, la sentencia declaró: “La prominencia de la persona que promueve un activo, la atención pública generada por su lanzamiento o la confianza que su participación puede inspirar no constituyen, por sí solas, un esquema fraudulento”.
El juez añadió que era necesario identificar qué aspecto del proyecto o de su operación había sido presentado de forma engañosa, o qué información relevante supuestamente había sido ocultada.
“La mera secuencia de hechos que involucran la promoción, el incremento del precio del token y su posterior caída no demuestra, por sí misma, que dicha trayectoria haya sido organizada de antemano con fines fraudulentos,” indicó la sentencia.
El juez también citó un precedente establecido por la Corte Federal de Apelaciones, que había advertido que la teoría inicial de un esquema organizado orquestado desde los niveles más altos del gobierno se había debilitado al evaluarse conforme a los requisitos legales para establecer fraude.
Originalmente publicado en Ambito
