Encontraron más tierras fiscales usurpadas y vendidas en El Mollar

Inspectores del gobierno tucumano, respaldados por fuerzas de seguridad, llevaron a cabo un operativo que resultó en la detección de al menos siete nuevas irregularidades en la Reserva Provincial La Angostura. Estas irregularidades se suman a seis previamente descubiertas en los días anteriores. Durante el operativo, que fue ordenado por la Fiscalía de Estado y dirigido por el comisario Marcos Goane, se revisaron varios parajes, entre ellos las instalaciones del Club Atlético Social Deportivo Tres Luces y un área conocida como Costa Piedra, donde se reunían jóvenes.

En el lugar de Costa Piedra, el propietario no fue localizado, lo que llevó a la utilización de una topadora para demoler una construcción precaria. Además, se realizó un relevamiento de 22 casas construidas a lo largo del camino del perilago, identificando a todos los propietarios. También se inspeccionó una parcela con una vivienda donde se estaba construyendo una cancha de fútbol, notificando a los dueños sobre la ocupación de tierras fiscales. En el Club Náutico, se encontró un barrio privado en una zona restringida, y en el embarcadero "El Pelao", se constató que este lugar operaba sin regularización y tenía una orden de desalojo pendiente desde hace siete años.

Las autoridades también reiteraron su visita al "Loteo Gaucho Castro", donde se hallaron más de 15 casas construidas. Los compradores de estas parcelas identificaron a Juan Pablo Castro como el vendedor. Mientras tanto, en la capital, la fiscal Gilda Pedicone de Valls amplió los argumentos para recuperar completamente el área natural protegida, solicitando un amparo para permitir la remoción de todas las construcciones en la reserva de 1.400 hectáreas.

El gobierno también está recolectando pruebas para iniciar una denuncia penal contra aquellos que se beneficiaron con la venta de terrenos en El Mollar, acusándolos de usurpación. Los compradores, ante la presión de las autoridades, están buscando asesoría legal. Algunos ya se han comunicado con un abogado en Concepción para presentar un amparo y frenar los desalojos, mientras que otros están considerando presentar una denuncia penal contra Castro por estafa.

Se reveló que Castro había conseguido una autorización de Flora y Fauna para destinar las tierras a pastoreo y había iniciado un expediente en Catastro para comercializarlas, aunque el trámite nunca se completó. A pesar de que las tierras estaban inscritas en Rentas y en la comuna, el Catastro confirmó que son del estado y que, desde 1996, forman parte de la Reserva, lo que fundamenta la postura de la Fiscalía de Estado para su recuperación.

Hasta ahora, no ha sido posible obtener una versión de Castro ni de otros involucrados en la venta de terrenos, y el delegado comunal, Jorge Cruz, no ha respondido a las solicitudes de información sobre la situación. La situación sigue evolucionando, con un enfoque en recuperar el control sobre la reserva y abordar las irregularidades detectadas.