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Tucumán - Actualidad

Terraf exige que el Estado lo apañe

Miguel Chaibén Terraf denunció sin fundamento a la intendenta Chahla y al fiscal Mosqueira. Pretendía abusar de su poder para eliminar los afiches que revelan irregularidades en el Tribunal de Cuentas y proteger su imagen.

diciembre 23º 2024, 5:32:43 p. m.
"Brigada D2 limpiando los carteles en el Casino de Tucumán, camioneta con chapa de la policía de Tucumán, 'Coquito' Terraf con su clásico habano y el sombrero que lo caracteriza."

 

Miguel "Coquito" Terraf, presentó una denuncia penal contra la intendenta Rossana Chahla y el fiscal municipal Conrado Mosqueira, acusándolos de incumplir sus responsabilidades al no retirar afiches supuestamente difamatorios en la vía pública, a pesar de haber sido informados formalmente sobre su ubicación, segun dice él (Terraf). Sin embargo, la realidad es muy diferente: esta denuncia, lejos de ser una acción legítima, refleja el abuso de poder y la actitud autoritaria de un funcionario que se siente intocable.

En su intento por controlar hasta los aspectos más pequeños de la gestión pública, Terraf parece desconocer cómo funciona una empresa privada y, mucho menos, comprende las diferencias que separan a los organismos estatales de la actividad privada. Si bien los carteles estaban ubicados en la vía pública, el municipio solo aprueba las cercas de obra como elemento de seguridad obligatorio para las construcciones y remodelaciones de fachadas, entre otras cosas. Pero esta actividad corresponde a empresas privadas que colocan cercas de obra como servicio y, a cambio, venden el espacio de las cercas convertido en carteles publicitarios. Terraf, sin embargo, no parece tener reparos en culpar al municipio por una situación en la que no tiene ninguna injerencia.

Este comportamiento resulta particularmente sospechoso si se tiene en cuenta que Terraf, como presidente del Tribunal de Cuentas, es el encargado de aprobar los fondos destinados a la pauta oficial (en los medios de comunicación), las empresas de carteleria en via publica, son medios publicitarios. Mostrando su desconocimiento, Terraf decidió recurrir a medidas de presión, como cartas documento y acusaciones, tanto contra la empresa que efectuó la campaña (por encargo de un cliente), el cual nunca escondió su identidad, en este caso, contratado por el sindicato de La Bancaria, y también dirigió sus reclamos a aquellos funcionarios que, ante sus aprietes, no cedieron, explicando que no corresponde a la potestad del municipio salir a limpiar o retirar carteles por la disconformidad expresada, en este caso, por Terraf, respecto a las cuestiones que salieron a la luz en dicha campaña.

"Coquito" como lo llaman sus amigos, parece incapaz de aceptar un "no" como respuesta

Su actitud autoritaria y su constante intento de ahogar la crítica, ha generado una creciente indignación entre los ciudadanos de Tucumán. En las redes sociales, las preguntas sobre la actitud de Terraf no se han hecho esperar: "¿Justo Terraf es el que denuncia?", "¿Quién es este hombre y por qué denuncia?", "Si está limpio no debería estar asustado", "Si tanto le molestaban esos carteles, ¿por qué no sacó de su bolsillo el dinero (que debe tener de sobra) y limpia la ciudad?", "¿Este es el que financia un equipo de rugby con nuestros impuestos? Toda la familia mamando de la política?"

 

Terraf ha utilizado recursos del Estado para limpiar su imagen y eliminar carteles colocados por esta empresa privada que fue contratada para esta campaña. Estos carteles fueron instalados el mes pasado. En un accionar completamente irregular, el presidente del Tribunal de Cuentas recurrió a la brigada D2 y a la policía para retirar los afiches de manera clandestina, en plena oscuridad. Hace un mes mientras esta camapaña salía a la calle, 20 efectivos de la policía de la provincia, con motos y patrulleros, amenazaron a tres trabajadores de la empresa que realizaba la fijación de los afiches con encarcelarlos por el mero hecho de cumplir con su trabajo.

Acostumbrado a manejar los recursos del Estado, es decir, de los contribuyentes, como si fueran propios, esta vez pretendió que los funcionarios y empleados municipales también estuvieran a su servicio, pero se encontró con Rossana Chahla, quien no estaba dispuesta a cumplir con sus caprichos
Terraf sigue creyendo que es el soberano en la gestión pública y el control. Con una actitud autoritaria, sigue exigiendo que se implementen decisiones sin tener en cuenta los procedimientos establecidos ni las necesidades reales de la comunidad.

Conrado Mosqueira, uno de los imputados en esta absurda denuncia, señaló con claridad la intención de Terraf de intimidar a quienes no se alinean con sus intereses: "Terraf envió una nota al municipio solicitando la remoción de carteles críticos a su gestión", relató. "Se abrió un expediente, aunque la solicitud fue reiterada varias veces. Pocos días después, envió una carta documento reclamando una indemnización millonaria. Ahora, ha presentado una denuncia penal contra la intendenta y contra mí por supuesto incumplimiento de deberes, lo que, además de ser improcedente, parece un acto de prepotencia e intimidación", agregó el fiscal.

Además, Mosqueira enfatizó el derecho de los funcionarios públicos a ser sometidos a la crítica: "Los funcionarios públicos estamos sometidos a la crítica republicana de nuestra gestión, por incómoda que pueda resultar, en virtud de la libertad de expresión existente. Este es un derecho no solo individual, sino de la sociedad toda. No vemos que la crítica sobre la gestión de un funcionario público pueda considerarse contraria a la moral o las buenas costumbres. Ojalá Terraf reflexione, deje de lado estas acciones que no contribuyen en nada y nos deje continuar con nuestro trabajo enfocados en la gestión", concluyó Mosqueira.

Es evidente que, más allá de cualquier intento de victimización, Terraf ha demostrado, una vez más, su verdadera naturaleza: un funcionario que abusa de su poder para intimidar, extorsionar, en vez de cumplir su función la cual se limita en controlar en qué se gastan los recursos del estado para el mejor beneficio de los ciudadanos. Su actitud no solo atenta contra la libertad de expresión y el trabajo privado, sino que también demuestra un claro desprecio por las instituciones y por la ética que debería regir la función pública.