El Gobierno oficializó el nuevo esquema de retenciones para exportaciones agropecuarias
La medida reduce alícuotas en productos clave como soja, trigo y girasol, y elimina retenciones para las economías regionales. El esquema estará vigente hasta el 30 de junio y busca estimular la liquidación de divisas.
Este lunes, el Poder Ejecutivo formalizó un nuevo esquema temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias mediante el decreto 38/2025, publicado en el Boletín Oficial. El objetivo de esta medida es incentivar la liquidación de granos y reforzar las reservas internacionales del país.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, establece una reducción significativa en las alícuotas aplicadas a productos como soja, trigo, maíz y girasol. Asimismo, elimina de manera permanente los derechos de exportación para diversas economías regionales.
Entre los nuevos porcentajes establecidos, la soja en poroto pasa de una retención del 33% al 26%, mientras que sus derivados, como el aceite y la harina, bajan del 31% al 24,5%. Por su parte, el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%, y el girasol del 7% al 5,5%. Productos como azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco y arroz quedarán exentos de retenciones, beneficiando a economías regionales que generaron más de 1.100 millones de dólares en exportaciones durante 2024.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la medida representa un compromiso con el sector agropecuario, reconociendo su rol central en la generación de divisas, el desarrollo regional y la creación de empleo. "Queremos darle una señal clara al campo, que siempre ha apoyado al país. Estas medidas respaldan las promesas presidenciales", afirmó.
Para acceder al beneficio, los exportadores deberán liquidar el 95% de las divisas provenientes de sus operaciones en un plazo máximo de 15 días, reducido de los 30 días habituales. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central supervisarán el cumplimiento de estos plazos.
Este esquema, vigente hasta el 30 de junio, tiene un costo fiscal estimado de 800 millones de dólares, equivalente al 0,13% del PBI, menos de la mitad del superávit financiero del sector público nacional en 2024. Según el decreto, la medida se enmarca en un conjunto de políticas destinadas a mejorar el posicionamiento internacional de Argentina mediante la simplificación de trámites, la apertura de nuevos mercados y la eliminación de impuestos distorsivos.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca fortalecer las reservas del Banco Central y dinamizar el comercio exterior, apostando al impulso del sector agroexportador como motor clave para la recuperación económica del país.