Actualizado el viernes 6 de noviembre a las 12:05 p.m.
El Senado paraguayo rechazó la solicitud del presidente Santiago Peña de una prórroga de 72 horas para presentar su defensa en el proceso de destitución iniciado por el Congreso del país tras la crisis financiera provocada por la decisión del Banco Central de suspender las operaciones del Banco Ueno, lo que dejó a aproximadamente la mitad de la población sin poder acceder a su dinero.
Peña —cuya renuncia no fue aceptada por el Congreso— había sido citado a comparecer ante el Senado el viernes a las 10 a. m. para defenderse y presentar pruebas, pero afirmó que necesitaba más tiempo para prepararse.
Los senadores rechazaron su solicitud en una sesión al mediodía del viernes y lo convocaron para comparecer en el pleno a las 12:10 p. m. La hora límite para presentarse es a las 12:30 p. m.
Peña había argumentado que recibió la notificación a las 22:15 del jueves, junto con una acusación de 15 páginas y un anexo de 300 páginas.
“Esperan que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso,” dijo en una publicación en X.
En su solicitud de prórroga, enviada al Senado, afirmó que “claramente, dado que se trata de un proceso que podría resultar en una sanción, se aplican las garantías del debido proceso, incluyendo disponer de un tiempo suficiente para elegir un abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa.”
“Sin duda, un periodo de menos de 12 horas es insuficiente para que un proceso alcance los estándares del estado de derecho,” añadió el presidente.
Destitución
Tras la suspensión de las operaciones de Ueno Bank el lunes debido a graves problemas de solvencia y la crisis financiera desencadenada por dicha decisión, Peña presentó su renuncia a la presidencia el jueves, justo cuando la Cámara Baja de Paraguay discutía si iniciar un proceso de destitución en su contra.
Los legisladores votaron a favor de iniciar el proceso de destitución a pesar de su renuncia. Peña continúa en el cargo porque los legisladores no aceptaron su renuncia. Ahora, el Senado es responsable de llevar a cabo el juicio y decidir si lo destituye de su cargo.
Los legisladores de la oposición sostuvieron que su decisión se basó en el hecho de que, si se hubiera aceptado su renuncia, Peña se habría convertido en senador vitalicio, como ocurre con todos los presidentes elegidos democráticamente en Paraguay que se retiren o renuncien. Eso le habría otorgado inmunidad parlamentaria.
Sin embargo, si se lo declara culpable en el proceso de destitución, podría ir a la cárcel, ya que el presidente no tiene inmunidad parlamentaria.
La noche del jueves, el Senado se constituyó formalmente como el órgano encargado de juzgar a Peña. El presidente confirmó que cooperaría y participaría en el proceso.
El gobierno paraguayo también confirmó que Peña permanecía en la capital, Asunción, después de que algunos medios informaran que podría haber intentado abandonar el país.
“Voy a decir mi verdad ante todos los ciudadanos, incluso si incomoda a muchos actores políticos. Nunca fallaré a mi compromiso con el pueblo, especialmente en tiempos difíciles,” dijo Peña en su publicación en X la mañana del viernes.
Las acusaciones contra Peña
Se acusa a Peña de mantener lazos con el banco. El líder de derecha, que asumió el cargo en 2023, poseía acciones en un grupo que controlaba Ueno Bank, pero las vendió en 2025.
También designó a Carlos Carvallo, un exejecutivo de Ueno, como jefe del Banco Central. El martes, tras estallar el escándalo, solicitó la renuncia de Carvallo.
Además, el hermano de Peña, Francisco, también poseía acciones en una empresa vinculada al banco, las cuales vendió el pasado marzo.
Entre las acusaciones figura un conflicto de intereses derivado de sus lazos previos con el banco, así como la “cooptación del Estado” mediante su designación de Carvallo como jefe del Banco Central.
También se le acusa de manipular regulaciones y apropiarse indebidamente de fondos de pensiones del Instituto de Seguridad Social (IPS) al canalizar fondos públicos y dinero de los pensionistas hacia Ueno.
Además, Peña sería responsable de que Ueno concediera grandes préstamos —superando los límites legales— a empresas vinculadas al banco, préstamos que, según los legisladores, el Banco Central de Paraguay encubrió.
Las finanzas personales del presidente también están bajo escrutinio. Se le acusa de ganancia financiera indebida y de posible enriquecimiento ilícito relacionado con dos préstamos que obtuvo de Ueno para construir una casa que declaró valer 900.000 dólares. Los legisladores sostienen que esa cantidad es incompatible con sus ingresos declarados.
La acusación final es que el escándalo de Ueno Bank llevó a “socavar la confianza en el sistema financiero nacional y exponerlo a un riesgo sistémico”, un tema particularmente sensible en un país que ha atraído inversiones extranjeras en años recientes gracias a su estabilidad económica.
